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segunda-feira, 2 de agosto de 2021
Un estudio reveló que, en América Latina, al menos uno de cada mil niños, niñas o adolescentes perdió a su padre, madre, abuelo/a o responsables de su cuidado. Crédito de la imagen: Nenad Stojkovic/Flickr, bajo licencia Creative Commons 2.0
Las muertes de padres o madres, una pandemia oculta
By: Nicolás de la Barrera
Debido a la pandemia, al menos uno de cada mil niños, niñas o adolescentes perdió a su padre, madre, abuelo/a o responsables de su cuidado en América Latina, el continente que registró más de 50 por ciento de la orfandad por COVID-19, reveló un estudio
Según un estudio publicado en The Lancet, que abarcó 21 de países de América, Europa, Asia y África, a nivel global 1,5 millones de niños se vieron afectados por la muerte de un cuidador primario —padre, madre, abuelo/a o familiar adulto mayor de 60 años— por causas asociadas a la enfermedad.
“Esto significa que por cada dos adultos que mueren de COVID, queda un niño que ha perdido a un cuidador familiar”, indicaron, por correo electrónico a SciDev.Net, Susan Hillis y Andrés Villaveces, autores del estudio e investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Entre dos y cinco veces más niños tuvieron padres fallecidos que madres fallecidas, estimaron.
“Las Américas representan 53 por ciento de todos los niños que perdieron a una madre, un padre o un abuelo cuidador debido al COVID-19”.
Susan Hillis y Andrés Villaveces, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés)
Según la investigación, en Argentina, uno de cada mil niños/as o adolescentes perdió a su padre, madre o abuelo/a. En Colombia, la proporción asciende a dos de cada mil.
En Brasil, 2,1 menores por cada mil experimentaron estas pérdidas, y en México 3,1 atravesaron la misma situación. En Perú —el país más afectado— 9,6 niños/as o jóvenes de cada mil se vieron afectados por la muerte de una persona a cargo de sus cuidados.
“Las Américas representan 53 por ciento de todos los niños que perdieron a una madre, un padre o un abuelo cuidador debido al COVID-19”, agregaron Hillis y Villaveces.
“Las consecuencias graves a corto plazo para los niños después de la muerte de un padre o cuidador incluyen un mayor riesgo de problemas de salud mental; mayor vulnerabilidad a la violencia física, emocional y sexual o exposición a la violencia doméstica; y dificultades económicas familiares”.
En este sentido, la psiquiatra Susana Grunbaum, presidenta de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica Italia y Caribe (CODAJIC), comentó que, como sucede en buena parte de América Latina, “todavía existe en muchos países o sectores dentro de un mismo país el modelo del hombre proveedor y jefe de hogar”. Al fallecer, “la pérdida de ingresos puede ser más compleja”, señaló Grunbaum, quien no participó en el estudio.
“La pandemia dejó al descubierto diversas brechas de desigualdad que también se podrán observar frente a la orfandad. Se verán más afectadas las familias con mayores necesidades y tendrán más dificultades para resolver los cuidados que requieren niños, niñas y adolescentes”, explicó Grunbaum.
Además, agregó, la “situación dolorosa” por la pérdida de algunos de los padres o ambos, o de un familiar cercano a cargo se vio agravada por circunstancias que incluyeron que chicos o chicas no hayan podido transitar el duelo de manera apropiada, por restricciones que abarcaron a las ceremonias de despedida, y por “la falta de espacios como la escuela para encontrarse con amigos y recibir apoyo de maestras y maestros”.
A su vez, “muchos se han sentido responsables o culpables de haber contagiado a los familiares, aun cuando esto no sea así”, añadió la psiquiatra infanto-juvenil.
A largo plazo, los niños y niñas que experimentan estas situaciones traumáticas incrementan las probabilidades de suicidio, embarazo adolescente y enfermedad cardiovascular, entre otros riesgos y afecciones, alertaron Hillis y Villaveces.
“Habrá que pensar en mecanismos de reparación, de contención y mitigación de las secuelas por las pérdidas de familiares, generar respuestas de apoyo institucional, desde el punto de vista de la salud mental, y de apoyo a las familias y fortalecimiento de su situación particular”, dijo el pediatra Raúl Mercer, coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Salud en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), quien no participó en el estudio.
Al respecto, Grunbaum cree que se debería planificar la prevención en forma integral, “considerando varias estrategias simultáneas”, entre ellas, el “apoyo psicoemocional desde los servicios de salud y en otros espacios territoriales o comunitarios”, tanto de niños como de adultos sobrevivientes.
Los abordajes también deberían tener en cuenta “el apoyo financiero a las familias que requieren complementar sus ingresos debido a la pérdida que sufrieron”, el monitoreo de la asistencia a clases de los adolescentes y la creación de propuestas que ayuden, mediante diferentes actividades —artísticas o de desarrollo de capacidades y talentos—, a “elaborar y superar lo traumático”, concluyó.
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quinta-feira, 22 de julho de 2021
Pandemia en Latinoamérica: medidas similares, diferentes comportamientos
Encuesta aplicada en México, Colombia, Cuba, Chile y Guatemala reveló diferencias en comportamientos de los ciudadanos durante la pandemia de COVID-19. Crédito de la imagen: Julián Amé/Pixabay.
By: Pablo Correa
Ante un mismo virus y similares medidas gubernamentales para contenerlo, los latinoamericanos se comportaron de formas diferentes, reveló una encuesta en México, Colombia, Cuba, Chile y Guatemala destinada a entender cómo los elementos socioculturales impactaron en las respuestas ante la pandemia de COVID-19.
Los resultados de la investigación, que incluyó 1.184 respuestas en los cinco países entre mayo y junio de 2020, fueron publicados en el International Journal of Environmental Research and Public Health. El análisis comparativo abordó conductas de precaución, niveles de información, inquietudes, síntomas médicos y mantenimiento del encierro entre los ciudadanos que respondieron el cuestionario aplicado a través de internet.
“El mensaje de nuestra investigación es la necesidad de enfrentar las situaciones de crisis desde antes que comiencen, y esas estrategias deben ser ‘hechas a la medida’ de cada población”, comentó a SciDev.Net Pedro Juárez Rodríguez, coautor de la publicación e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, México.
Por ejemplo, en cuanto a la satisfacción con la información recibida de expertos y autoridades, casi todos los países reportaron baja satisfacción, excepto en Cuba, con un nivel moderado.
Al analizar las inquietudes relacionadas con COVID-19, los cubanos manifestaron un bajo nivel de preocupación por la disponibilidad de recursos sanitarios, la pérdida de recursos económicos y empleo, en comparación con el resto de los países. Los guatemaltecos, por su parte, indicaron que estaban menos preocupados por la probabilidad de morir por COVID-19 o de infectar a familiares.
“El mensaje de nuestra investigación es la necesidad de enfrentar las situaciones de crisis desde antes que comiencen, y esas estrategias deben ser ‘hechas a la medida’ de cada población”.
Pedro Juárez Rodríguez, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, México
La encuesta mostró que los colombianos fueron menos propensos a cubrirse la boca al toser o estornudar, compartir utensilios y lavarse las manos. Los mexicanos figuraron como los que menos usaron mascarillas y guantes en contraposición a los cubanos que se destacaron por ser los más aplicados en uso de mascarillas.
Los participantes de Guatemala informaron la mayor frecuencia de lavado de manos después de manipular objetos contaminados. Los chilenos y guatemaltecos obtuvieron puntajes más altos en el mantenimiento de la distancia de protección en comparación con el resto de los países estudiados.
Respecto a la implementaron medidas de confinamiento, la muestra colombiana mostró los puntajes más altos, mientras que en los casos de “mantenimiento de confinamiento”, “tiempo de encierro” y “restricción de salidas”, los guatemaltecos indicaron los niveles más bajos. Con respecto a la “restricción de la interacción en el trabajo”, la población cubana obtuvo el puntaje más bajo.
“Se deben tomar los ejemplos más notables de Latinoamérica, como el manejo temprano llevado a cabo por el gobierno colombiano; medidas tomadas por el gobierno chileno como la unificación de los sistemas de salud público y privado, los subsidios económicos para sectores más vulnerables y las cuarentenas dinámicas. O apostar por comunicaciones oficiales basadas en empatía en lugar del miedo”, resaltó Juárez Rodríguez.
Todo esto sin olvidar la fortaleza del sistema de salud cubano, “bien preparado para situaciones de emergencia, con gran cantidad de médicos por millón de habitantes, entre otras características poco comunes en la región”.
Para la epidemióloga Laura Rodríguez, de la Universidad Industrial de Santander en Colombia, el estudio es interesante “para documentar percepciones y comportamientos preventivos en países latinoamericanos, pero tiene serias limitaciones en términos de la selección y tamaño de muestra y en el análisis comparativo entre países que no permiten asumir como válidas las conclusiones del estudio”.
Estas limitaciones fueron advertidas por los propios autores, pero opinaron que “una representatividad de datos restringida puede limitar el alcance de las conclusiones, pero no invalidarlas”.
Recientemente, investigadores latinoamericanos agrupados en la red Intalinc publicaron resultados de un esfuerzo similar por “fotografiar” comportamientos en ciudades latinoamericanas durante la pandemia. Más de 4.000 personas respondieron su encuesta digital en siete países, coordinara por Daniel Oviedo, del University College of London.
En un primer artículo publicado en la revista Travel Behavior and Society, en julio de este año, con los datos correspondientes a habitantes de Bogotá (Colombia), se encontró que 58 por ciento de los encuestados de bajos ingresos no pudo realizar su actividad desde el hogar, mientras que 24 y 11 por ciento informaron lo mismo para los grupos de ingresos medios y altos, respectivamente. Estas brechas socioeconómicas ayudan a explicar las diferencias poblacionales frente a medidas como el confinamiento.
Por su parte, Jordan Ramírez, de la Universidad del Norte de Colombia, analizó datos de Ecuador y concluyó en su trabajo que las personas con mayor poder adquisitivo, acceso a internet o tecnología, fueron los más beneficiados frente a la posibilidad de solicitar sus compras a domicilio y evitar su exposición en las calles.
Luis Guzmán, investigador de la Universidad de Los Andes y miembro de la red Intalinc, comentó a SciDev.Net que toda esta información apunta a que “los gobiernos deben aprender a calibrar sus políticas públicas, especialmente durante crisis como una pandemia, teniendo en cuenta las enormes brechas sociales y económicas que existen entre la población”.
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terça-feira, 6 de julho de 2021
COVID-19, mentiras y estadísticas: corrupción y pandemia
By: Syriacus Buguzi, Fiona Broom, Joel Adriano, Aleida Rueda
Brasil es uno de los países más afectados por COVID-19 en el mundo, mientras el gobierno va por su cuarto ministro de Salud desde que comenzó la pandemia. Crédito de la imagen: Prefectura de Contagem/Flickr, bajo licencia Creative Commons 2.0
Desde Brasil hasta Filipinas, gobiernos herméticos de todo el mundo están respondiendo a la pandemia de COVID-19 encubriendo datos y eludiendo las reglas de contratación pública, socavando la confianza en los sistemas de salud, alimentando a los antivacunas y poniendo en riesgo las campañas de inmunización.
Los contratos clandestinos de bienes y servicios médicos se han convertido en la norma en muchos países, mientras se manipulan o no se reportan los datos sobre casos y muertes por COVID-19.
Las autoridades y los jefes de estado han aprovechado la pandemia como una oportunidad para desarticular a los organismos públicos dedicados a la apertura y la comunicación, y existe toda una galería de los peores delincuentes del coronavirus.
Para el hemisferio Sur, las repercusiones para los sistemas de gobernanza y de salud que ya están en dificultades podrían ser catastróficas.
Brote de corrupción
Esta es la historia de dos pandemias, dice Jonathan Cushing, quien dirige el área de salud global en Transparencia Internacional, organización anticorrupción sin fines de lucro.
“Está la COVID-19 y luego lo que hemos visto durante el año pasado es una falta de transparencia: la utilización de la legislación de adquisiciones directas aprovechando las necesidades de emergencia en ese momento”, comenta Cushing a SciDev.Net.
“Hemos visto repetidos casos de corrupción, y esa es la segunda pandemia en muchos sentidos”, asevera.
Las malas prácticas se han reportado “en todo el mundo, en Filipinas, en Uganda, hemos visto casos en Kenia, y también en América Latina”, dice Cushing.
“A medida que avanza la pandemia hemos visto el cambio desde la prisa por comprar [equipo de protección personal] y ventiladores … a la adquisición de vacunas”, agrega.
“Lo que estamos viendo ahora es una completa falta de transparencia”.
“En el escenario actual de la pandemia, la confianza es clave. Necesitamos asegurarnos de que haya confianza en el sistema”.
Jonathan Cushing, equipo de salud global de Transparencia Internacional
El presidente de Tanzania, John Magufuli, puede haber sido víctima de su propia negativa a reconocer la presencia y gravedad del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.
En junio, Magufuli declaró que “Dios ha eliminado la enfermedad del corona”, dejando a Tanzania “libre de coronavirus”. El gobierno dejó de publicar datos sobre cantidad de casos, mientras que la vigilancia y las campañas contra la enfermedad disminuyeron.
La muerte de Magufuli —oficialmente por problemas cardíacos, pero se cree que relacionada con COVID-19— se anunció el 17 de marzo.
Residentes de la ciudad más grande de Tanzania, Dar es Salaam, dijeron a SciDev.Net que estaba por verse si el gobierno del país revertiría las políticas cada vez más autoritarias de Magufuli. Pero la nueva presidenta, Samia Suluhu Hassan, ya marcó una diferencia con su predecesor, comprometiéndose a formar un comité científico asesor sobre COVID-19.
Según los epidemiólogos, las estadísticas serán fundamentales para cualquier respuesta basada en nueva evidencia. Pero por ahora continúa la falta de datos y la gente se sigue enfermando.
“Lo que falta ahora en Tanzania es un entorno propicio que permita investigaciones científicas sobre temas como las pandemias”, dice Frank Minja, médico tanzano y profesor asociado de Neurorradiología en el Departamento de Radiología e imágenes biomédicas de la Facultad de Medicina de Yale, EE.UU.
“Por supuesto, la ciencia no funciona de forma aislada; necesita decisiones económicas y políticas. Pero la ciencia es una herramienta que debería usarse para resolver nuestros problemas”, añade.
Datos en la oscuridad
Para los países que están publicando estadísticas, mucha de esa información ha sido manipulada para revelar una versión más optimista de la realidad.
Según Transparencia Internacional, la manipulación de datos es un indicador clave de la corrupción de COVID-19. Esto puede tener consecuencias devastadoras, como la mala asignación de recursos, picos en las tasas de casos porque se alienta a los ciudadanos a seguir su vida con normalidad, y una mayor desconfianza en los gobiernos cuando la realidad no coincide con la versión oficial de los hechos.
Múltiples estudios, incluidos los basados en tasas de población con anticuerpos COVID-19, han sugerido que el SARS-CoV-2 es más prevalente en muchos países de lo que revelan las estadísticas oficiales.
Uno de esos estudios, realizado en Zambia y publicado en The BMJ, observó “una prevalencia sorprendentemente alta de mortalidad por COVID-19”.
El equipo de investigación, dirigido por Lawrence Mwananyanda de la organización Right to Care, dijo: “Contradiciendo la narrativa predominante de que COVID-19 ha perdonado a África, la enfermedad ha tenido un impacto severo en Zambia. La forma en que esto se pasó por alto se explica en gran medida por las bajas tasas de testeo, y no por una baja prevalencia de COVID-19”.
“Si nuestros datos se pueden generalizar a otros entornos en África, la respuesta a la pregunta ‘¿Por qué COVID-19 se saltó África?’ es que no lo hizo”.
En respuesta, patólogos del Ministerio del Interior y del Hospital Universitario de Zambia dijeron que las conclusiones del estudio de Lusaka eran “muy cuestionables” y no podían extrapolarse a toda el África subsahariana.
Los científicos argumentan que los datos del gobierno que indican una cantidad baja de casos de COVID-19 en Tanzania, México y Filipinas tergiversan la realidad de la crisis de salud. El gráfico refleja los datos oficiales obtenidos por el mapa COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins, al 26 de marzo.
Investigadores de la India encontraron que las infecciones por COVID-19 se habían subestimado groseramente y podrían ser hasta 95 veces más altas que las cifras oficiales.
El economista de salud y desarrollo Anup Malani dijo a SciDev.Net que la alta seroprevalencia —la cantidad de personas que dieron positivo por COVID-19— en las áreas rurales estudiadas se debió a la migración masiva desde las ciudades para escapar de las restricciones de la cuarentena obligatoria.
En Brasil, el Ministerio de Salud del país eliminó los datos acumulados de COVID-19 de su sitio web en junio cuando el presidente Jair Bolsonaro declaró que “no reflejaban el momento” en que se encontraba el país.
La Corte Suprema ordenó que se restauraran los datos, y las cifras ahora indican que Brasil se encuentra entre los países más afectados del mundo, mientras el gobierno va por su cuarto ministro de Salud desde que comenzó la pandemia.
Atacando a los mensajeros
Quienes se niegan a seguir los lineamientos del gobierno se han enfrentado a repercusiones, desde la pérdida de sus trabajos hasta la intimidación legal y los ataques verbales.
Después de que criticara al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y a su gobierno por su manejo de la crisis de la COVID-19, se registró un aluvión de abusos en línea contra Maria Ressa, fundadora de Rappler, sitio de noticias con sede en Filipinas.
Ressa es una crítica abierta de Duterte, pero el análisis del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) muestra que el segundo pico más alto en el abuso contra Ressa se correlacionó con su cuestionamiento a los informes oficiales de los datos de COVID-19.
“Ressa vive en el centro de una tormenta del siglo XXI”, dice el informe, dirigido por la directora global de investigación del ICFJ, Julie Posetti. “Es un furor de desinformación y ataques, uno en el que periodistas creíbles son sometidos a la violencia en línea con la impunidad; donde los hechos se marchitan y las democracias se tambalean”.
Posetti señala que las amenazas estatales y la violencia digital ponen a los periodistas, y al periodismo, en riesgo en el mundo real. En enero se emitió la décima orden de arresto contra Ressa, quien enfrenta múltiples procesos por difamación, además de una pena de cárcel de seis años, que ella está apelando.
La barra roja indica el nivel de “abuso muy explícito” dirigido a Maria Ressa después de que criticara el manejo de la pandemia de COVID-19 en Filipinas, según datos compilados por la ICFJ.
Anthony Leachon, destacado médico y experto en salud pública de Filipinas, se vio obligado a renunciar como asesor especial en el grupo de trabajo COVID-19 en junio, después de que mostró públicamente su desacuerdo con el manejo de la pandemia por parte de la administración Duterte, y argumentó que el grupo de trabajo había sucumbido a la presión política.
Leachon también criticó al Departamento de Salud, diciendo que su informe de COVID-19 no era confiable y estaba retrasado, y cuestionó por qué el gobierno estaba favoreciendo a las vacunas pertenecientes a compañías que no tenían datos de seguridad y eficacia. El gobierno de Filipinas aprobó las vacunas Sinovac y Sinopharm para menores de 65 años.
Leachon ha seguido pidiendo a las autoridades que publiquen datos en tiempo real sobre las infecciones por COVID-19, lo que, dijo, permitirá a los funcionarios locales responder rápidamente con las políticas adecuadas.
Por hablar de forma independiente, Leachon ha sido ridiculizado y objeto de burla por los partidarios de Duterte. El portavoz de la administración, Harry Roque, admitió que Duterte maldijo repetidamente a Leachon durante una reunión del gabinete sobre COVID-19 en diciembre.
“Esta falta de transparencia y urgencia es la razón por la que Filipinas está en un lío en este momento y se ha quedado rezagado de sus pares en la región”, señaló Leachon a SciDev.Net.
“Estamos en el confinamiento continuo más largo del mundo. Todavía estamos en cuarentena, pero ahora estamos viendo un aumento en los casos … [y] todavía estamos en medio del debate sobre qué vacunas adquirir, cómo y cuáles son las pautas de selección”, subrayó.
En marzo, Filipinas recibió su primera entrega de vacunas de COVAX, la asociación internacional establecida para apoyar el acceso a las vacunas de los países de ingresos bajos y medianos. Leachon advierte que la falta de apertura y transparencia en el país socava la confianza en las vacunas COVID-19.
Información cautiva
En México, los ataques al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo independiente de libertad de información, se intensificaron con el inicio de la pandemia.
En 2019, primer año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el INAI informó que su administración desafió legalmente al menos 30 solicitudes de información aprobadas por el instituto.
En enero, López Obrador anunció una propuesta para cerrar el INAI y reemplazarlo por una agencia gubernamental, una medida que el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, llamó “la receta perfecta para el secreto y el abuso”.
“El INAI ha desempeñado un papel crucial en la protección de la privacidad y en garantizar que el público pueda acceder a información sobre la corrupción gubernamental y las violaciones de derechos humanos”, dijo Vivanco.
Janet Oropeza Eng, investigadora de responsabilidad y anticorrupción de la organización de la sociedad civil Fundar, afirma que el INAI ha sido fundamental en los esfuerzos para monitorear las agencias del gobierno federal durante los últimos diez años.
“Quizás no sea COVID-19, pero el gobierno debería salir y explicar qué está causando estas muertes. No tenemos la libertad o los hechos para decir si es COVID-19”.
Adolf Mkono, residente de la región de Kagera, Tanzania
“Si el INAI desaparece o se vuelve dependiente del [Poder] Ejecutivo, sería un retroceso en términos de independencia y autonomía. No es posible ser juez y parte a la vez”, señala Oropeza a SciDev.Net.
“El (Poder) Ejecutivo no podría ordenarse a sí mismo divulgar información. Para los mexicanos sería un retroceso en el derecho a la información que ya estaba garantizado”.
La sede de Transparencia Internacional en México ha realizado repetidas solicitudes de libertad de información para transparentar los precios, pero “no llega a ninguna parte”, según Jonathan Cushing, del equipo de salud global de la organización.
“Y no es exclusivo de México; en Argentina, en Pakistán están intentando lo mismo. Es un cierre completo”, dice.
Órdenes de mordaza
Las referencias crípticas a la “neumonía” se convirtieron en una de las únicas formas en la que los tanzanos podían hablar abiertamente sobre el brote de COVID-19, después de que el gobierno aprobó una regulación que prohíbe informar sobre esa enfermedad.
Según la regulación de contenido en línea, se prohíbe la publicación de “información pública que pueda causar estragos y desórdenes públicos”, incluido “contenido con información sobre el brote de una enfermedad mortal o contagiosa [sic] en el país o en cualquier otro lugar sin la aprobación del autoridades respectivas”.
Las infracciones pueden derivar en prisión por un mínimo de 12 meses, una multa de al menos cinco millones de chelines (US$ 2.155), o ambas.
Adolf Mkono, residente de la región norteña de Kagera en Tanzania, que limita con Burundi, Ruanda, Uganda y el lago Victoria, dice que el temor a ser acusado en virtud de la nueva regulación está sofocando el intercambio de información.
“Desde finales del año pasado he sido testigo de la muerte de varias personas después de quejarse de dificultad para respirar. Esto no es normal”, dice Mkono.
Quizás no sea COVID-19, pero el gobierno debería salir y explicar qué está causando estas muertes. No tenemos la libertad o los hechos para decir si es COVID-19”, señaló a SciDev.Net Mkono durante una entrevista realizada en enero de este año, antes de la decisión de la nueva presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, de formar un comité asesor científico para COVID-19
El Ministerio de Salud de Tanzania no respondió directamente a estas afirmaciones cuando SciDev.Net solicitó comentarios. Pero el jefe de Comunicaciones compartió un video de la secretaria principal del Ministerio, Mabula Mchembe, diciendo: “No es cierto que se deba creer que todos los pacientes que se quejan de dificultades respiratorias tienen COVID-19. He visitado muchos hospitales y puedo concluir que la situación del COVID-19 de la que se habla se basa en afirmaciones de las redes sociales que no son ciertas”.
Adquisiciones a puertas cerradas
Los fabricantes de vacunas contra COVID-19 han exigido a los gobiernos de todo el mundo que firmen acuerdos de confidencialidad para mantener en secreto el precio por sus dosis.
“Algunos países han creado comisiones especiales para negociar la compra de vacunas COVID-19”, dijo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en un documento de enero.
“Puede haber falta de transparencia y, por lo tanto, un riesgo potencial de corrupción en lo que implican estos acuerdos”, advirtió.
Con los procedimientos de emergencia para las adquisiciones y las negociaciones de vacunas ocultos de la vista del público, la corrupción del sistema de salud puede tener un efecto rápido y devastador en la contención de la enfermedad.
El país pasó de ser elogiado por la Organización Panamericana de la Salud por su respuesta inicial a la pandemia, a ser clasificado entre los países con peor desempeño del mundo a medida que aumentaban los casos y las muertes.
En abril de 2020 el gobierno emitió un decreto indefinido que autorizaba la compra de bienes y servicios relacionados con el coronavirus sin necesidad de realizar el proceso de licitación pública.
El resultado, según el proyecto de análisis de datos ComprasCOVID.MX, de la ONG de derechos humanos PODER y la iniciativa de periodismo de datos Serendipia, fue que casi 95 por ciento de los contratos de adquisiciones de México en 2020 fueron contratos de adjudicación directa, es decir, adjudicados sin competencia.
Esto se compara con 2019, cuando alrededor de 78 por ciento de los contratos públicos fueron adjudicaciones directas, según la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Y se han planteado preocupaciones sobre la idoneidad de las empresas adjudicatarias de las licitaciones, muchas de las cuales carecen de experiencia en los campos médicos o están vinculadas a casos de corrupción anteriores.
“Lo preocupante es que todos los niveles de gobierno, no solo el federal, están abusando del decreto de emergencia para continuar con las adjudicaciones directas sin restricciones”, dijo a SciDev.Net Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, filial de Transparencia Internacional.
Los datos recopilados por ComprasCOVID.MX muestran que las instituciones gubernamentales pagaron precios muy diferentes por equipos de protección personal vitales, como máscaras faciales: mientras algunos departamentos gubernamentales pagaron un peso mexicano (unos cinco centavos de dólar) por mascarilla, otros pagaron hasta 405 pesos, casi US$ 20.
Bohórquez dice que sin una cláusula de caducidad en la legislación sobre adquisiciones de emergencia, los fondos públicos y las instituciones de México quedan vulnerables a la corrupción.
Vacunas en venta
Si bien hay informes de la existencia de vacaciones privadas para vacunación en los Emiratos Árabes Unidos, se cree que Pakistán es el primer país en aprobar la importación privada y la venta comercial de vacunas COVID-19.
Los defensores de la transparencia han instado al gobierno a abandonar la propuesta, que permitiría que las vacunas Sputnik-V se vendan a un precio alrededor de 160 por ciento más alto que el precio global establecido de US$ 10 por dosis.
Esto “proporcionaría una ventana de corrupción”, pues podría significar que las vacunas del gobierno terminen en hospitales privados para su venta comercial y aumenten sus precios en el sector público, dijo Nasira Iqbal, ex juez del Tribunal Superior de Lahore y vicepresidente de Transparencia Internacional Pakistán, en una carta al primer ministro de ese país.
“El gobierno no debería fomentar una política de este tipo que favorezca a un determinado sector de la sociedad a costa de la transparencia”, dijo Iqbal dos días después.
En respuesta, el secretario de Coordinación y Reglamentación de los Servicios Nacionales de Salud, Aamir Ashraf Khawaja, dijo que las ventas privadas de vacunas eran solo un elemento de la respuesta del gobierno al COVID-19.
“Permitir que el sector privado importara vacunas fue una decisión bien meditada del gobierno federal, porque las prioridades nacionales de vacunación favorecían a los trabajadores de la salud y los ancianos, lo que implicaba cierto retraso en llegar a otros segmentos de la sociedad”, dijo Khawaja en una carta.
“Se puede agregar que el gobierno está fijando el precio máximo de venta al por menor, dejando espacio para la competencia y la dinámica del libre mercado”, añadió.
Los posibles conflictos de intereses entre las autoridades y las compañías farmacéuticas privadas dejan una oportunidad para la corrupción, dicen los analistas.
SciDev.Net se comunicó con el Departamento de Información de Prensa del gobierno de Pakistán para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta hasta el momento de esta publicación.
Un economista de Pakistán, que pidió no ser identificado por temor a represalias gubernamentales o militares, declaró a SciDev.Net que, si bien hay pocos informes confirmados de corrupción por coronavirus, abundan los rumores en un país conocido por su corrupción sistémica y endémica.
“Del lado de las políticas hay rumores de corrupción en la compra de respiradores y en la supresión de datos de casos y muertes en la provincia de Punjab desde el inicio, para crear la impresión de que la incidencia del virus era baja”, dijo el economista.
“Del lado de la salud ha habido mucho escepticismo sobre los test de COVID-19. Una vez más, se rumorea que, para quienes los necesiten para poder viajar, los laboratorios privados proporcionaban deliberadamente resultados negativos. Esto se hizo principalmente para viajes internacionales. No hubo monitoreo, ni por parte de la prensa ni de las ONG”.
Además, los analistas dicen que los US$ 1.386 mil millones prometidos a Pakistán en abril de 2020 bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido del Fondo Monetario Internacional aún no se han desembolsado en su totalidad.
Ciencia abierta, sociedades abiertas
La primera víctima de la corrupción por coronavirus bien podría ser la confianza pública, dice Cushing, ya que las estadísticas sesgadas y los procesos de adquisición dudosos dan armas a los escépticos de las vacunas que podrían obstaculizar las respuestas a la pandemia.
“En el escenario actual de la pandemia, la confianza es clave. Necesitamos asegurarnos de que haya confianza en el sistema”, puntualizó Cushing. “Parte de la transparencia consiste en detener la corrupción, detener a las personas que obtienen ganancias de forma ilegal e inmoral a partir de esto”.
“Pero también se trata de permitir que las personas comprendan y participen en la toma de decisiones. Si las personas saben lo que está pasando y pueden comprender qué decisiones se están tomando y ayudar a dar forma a eso, se hace mucho más fácil lograr que los gobiernos rindan cuentas”, aseguró.
Las consecuencias para las sociedades podrían ir más allá de la amenaza inmediata de la enfermedad. Sin datos abiertos y ciencia abierta, las comunidades quedarán fuera de las conversaciones importantes y en la oscuridad, advirtió Cushing.
Los organismos de Salud necesitan datos para respaldar la “toma racional de decisiones” cuando se trata de priorizar qué medicamentos comprar. “Sin eso, en el mejor de los casos se podría estar desperdiciando dinero, y en el peor, tener un impacto en los resultados de salud”, prosiguió.
“La conexión entre gobernanza y sociedades saludables es exactamente eso: quieres sistemas de gobernanza transparentes, y cuanto más transparentes sean y más gente pueda participar en ellos, habrá mayor confianza en ese sistema”, explicó.
“Eso debería permitir que se produzca esa conversación sobre a dónde va el país en términos de salud, desarrollo, prioridades socioeconómicas”, concluyó.
Este artículo fue actualizado el 7 de abril para que quede explícito que Adolf Mkono dio sus declaraciones en enero, antes de la decisión de la nueva presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, de formar un comité científico asesor sobre COVID-19.
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quinta-feira, 3 de junho de 2021
La pandemia enfrentó a América Latina a un triple desafío: financiero, ambiental y sanitario y si bien desnudó nuestras falencias para hacerle frente, en el campo de la ciencia y tecnología nos ha enseñado que la colaboración e integración regional es una apuesta posible. Esa fue una de las principales conclusiones del Panel virtual organizado porSciDev.Netdurante el Foro Abierto de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe (Cilac 2021), como parte de las celebraciones por nuestro Vigésimo Aniversario.
Míralo aquí:
original em : https://www.scidev.net/america-latina/announcements_noticepanel-virtual-pandemia-y-politicas-cientificas-en-la-region/
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sexta-feira, 27 de novembro de 2020
A epidemia paralela de
ataques de hackers e os riscos da guerra cibernética
por Mirko Annunziata
Distanciamento social, lockdown,
trabalho e serviços
remotos; mudanças nas sociedades globais em resposta à pandemia de coronavírus
mostram uma tendência comum em direção à adoção cada vez mais difundida de tecnologias
digitais. O conceito de "sociedade digital", assim como de
"virtual", assume um tom cada vez mais matizado e misto em relação a
todos os outros aspectos fundamentais da vida atual. A epidemia de Corona
vírus representa, portanto, um divisor de águas, além de um importante
acelerador para novos equilíbrios no tecido econômico e social de cada país,
não importa se o ponto de vista econômico é avançado ou está à margem da
economia global. Portanto, é inevitável que governos, a mídia, assim como cidadãos comuns se perguntem não apenas sobre
as vantagens indubitáveis trazidas pela difusão no uso das tecnologias da
informação, mas também sobre as questões críticas que esse fenômeno traz.
Agora está claro que o acesso à Internet é um
bem essencial, com um peso comparável ao acesso à eletricidade, água potável e
alimentos básicos para a subsistência da população. Isso significa,
portanto, que a possibilidade de um ataque aos sistemas de TI de um estado será
cada vez mais levada em consideração na lista de ações hostis que podem ser
tomadas.
O aumento progressivo do potencial destrutivo
de um ataque cibernético também é seguido pelo aspecto assimétrico que
distingue a guerra cibernética (cyberwarfare) . Os instrumentos
úteis para atingir as redes de um país estão disponíveis além do tamanho e do
potencial econômico e militar de um governo, pois também são acessíveis a
entidades não estatais hostis, como milícias paramilitares, grupos terroristas
ou agências criminais. Nesta democratização do potencial ofensivo, com a
consequente proliferação de ameaças, o elemento de segurança de seus sistemas
parece cada vez mais crítico para cada nação e a preocupação de estar sob
ataque parece destinada a se tornar uma constante também na vida do cidadão
privado.
A atual fase de pandemia e o consequente
aumento do uso da rede por bilhões de pessoas trouxeram uma explosão de ataques
de hackers em todo o mundo, como se fosse uma verdadeira "epidemia
paralela" e que segue o curso da doença, constituindo mais um fator de
perigo. A Microsoft revelou que
todos os países do mundo sofreram pelo menos um ataque cibernético
relacionado ao Covid-19. Na
maioria das vezes, são golpistas de phishing e
correio , com o objetivo de alavancar o sentimento de medo e incerteza dos
usuários. No entanto, outros tipos de ataques não devem ser subestimados,
como o uso de malware ou a
difusão generalizada de notícias fake
news e bots nas redes sociais destinadas a desestabilizar a
opinião pública. A Itália está entre os países mais afetados pela pandemia
e, ao mesmo tempo, entre os mais afetados por esse tipo de ataque, como mostra
um rankingelaborado pela Trend Micro e pelo Boston Consulting
Group. A mesma IDGA (Agência para Itália Digital), como parte da
Solidariedade
Digital publicou um manual para avisar de golpes e
"especulação" relacionado emergência on-line Covid-19.
Também existem ataques direcionados a agências institucionais. Em meados de março, houve um
forte ataque DDoS contra
os sistemas do Departamento de Saúde e serviços pessoais do governo americano,
com o objetivo de torná-los inutilizáveis. Washington alegou ter
conseguido se defender do ataque, mas o precedente ainda é perturbador, pois é
um tipo de ação com uma intenção claramente destrutiva e, nesse caso, a
opção de se voltar contra a agência federal americana que lida com a saúde
pública certamente não é um acidente.
A INTERPOL alertou os governos
sobre preocupantes aumentosdeataques
cibernéticos contra hospitais em conjunto com a
disseminação global da pandemia . Precisamente sobre esse tópico, Foreign Policy se manifestou
recentemente,pedindo aos atores
estatais que coloquem fim aos ataques de hackers contra seus respectivos
hospitais em consideração à emergência humanitária (bem como o número de
vítimas que um ataque de hackers bem-sucedido a um hospital implicaria). Segundo
Foreign Policy, uma autocontrole
mútuo no uso das ferramentas oferecidas pela guerra dos computadores poderia de
fato ser o viático para espaços de cooperação maiores e mais rentáveis,
especialmente diante de situações extraordinárias como essa.
Certamente não é a primeira vez que a
necessidade de regulamentação entre países é invocada para evitar os efeitos
mais prejudiciais da guerra cibernética . Em 2017, o presidente
da Microsoft, Brad Smith, lançou
a ideia de uma "Convenção digital de Genebra" para
proteger os civis das possíveis e devastadoras consequências de uma guerra
cibernética em larga escala. No momento, no entanto, as margens para um
possível acordo internacional parecem bastante escassas. No início de
dezembro 2019, as Nações Unidas (ONU) realizaram uma
primeira rodada de
reuniões entre estados e atores não-governamentais com o objetivo de
definir valores compartilhados em segurança cibernética. No entanto, o
evento não forneceu indicações precisas sobre qual estratégia adotar entre duas
propostas opostas, uma americana e outra russa, em relação à governança
internacional no ciberespaço. Por um lado, Moscou busca criar um grupo de
trabalho dentro da Assembleia Geral, por outro, Washington busca relançar o
"Grupo de especialistas em governo", um projeto que a ONU havia
iniciado alguns anos atrás, mas que por vários anos está em uma situação de
impasse substancial.
Por um lado, as diferentes posições das duas
potências refletem o desejo dos russos de questionar a estrutura e as regras
que caracterizam a dimensão virtual, enquanto, por outro, a decisão
conservadora americana obviamente visa manter o status quo. A razão é
facilmente entendida; a evolução da tecnologia da informação e da rede
global teve historicamente uma marca requintadamente americana, sobretudo do
ponto de vista jurídico, e Washington deseja preservar essa vantagem
competitiva ao rejeitar solicitações dos vários estados revisionistas. Por
outro lado, a dinâmica das relações internacionais também se aplica ao
ciberespaço e quanto mais os Estados Unidos se mostrarem fechados em suas
posições, maiores serão as chances de o confronto com estados revisionistas
assumir uma dimensão destrutiva e altamente conflitante. Na ausência de
uma estrutura comum de acordo por causa dos vetos impostos pelo Estado agora
colocados em uma posição vantajosa, é presumível imaginar que os países
dispostos a questionar o status quo o fazem agindo além de qualquer
regulamentação e, consequentemente, de qualquer limite.
As possíveis consequências são tão sombrias
quanto fáceis de imaginar, especialmente se considerarmos outro elemento que
surgiu nessas semanas de pandemia, que é o quanto os sistemas de rede das
várias nações, mesmo as mais avançadas, são frágeis e praticamente privadas de
defesas adequadas. Isso torna cada país vulnerável à guerra
cibernética na mesma proporção em que se confronta com a guerra biológica
(que foi discutida novamente neste momento devido aos possíveis usos do
Covid-19 como arma), ou seja nucleares. Porém, com uma diferença
substancial: nos dois primeiros casos, existe uma rede de contenção composta
por acordos internacionais destinados a desencorajar o uso dessas ferramentas,
elemento atualmente ausente da guerra cibernética .
Por outro lado, existem inúmeros
pontos de contato e possíveis sinergias entre as ferramentas ofensivas da
guerra cibernética e as da guerra biológica. Ambos usam ferramentas de
ataque assimétricas, de fácil acesso por terceiros, ou tornando-as no local com
investimentos muito mais baixos do que os necessários no desenvolvimento de um
arsenal militar tradicional. Ambos podem ser usados de maneira mais ou
menos declarada, e é possível acioná-las negando a autoria do ataque para
evitar reações hostis de outros países. Um ataque de hackers foi
recentemente relatado em Cingapura que roubou os dados de saúde de 1,5 milhão
de cidadãos (ou seja, mais de um quarto
de toda a população do país). As investigações revelaram a possibilidade
de que exista a vontade de um estado, mas não foi possível identificar
qual. Enquanto isso, continua a haver uma preocupação por parte do governo
e dos cidadãos envolvidos que um estado hostil tenha dados biométricos
disponíveis.
Muitas vezes, os objetivos perseguidos pela
guerra biológica e pela guerra cibernética são muito semelhantes e podem, de
fato, se alimentar (pense em um ataque biológico seguido por um bloqueio dos
sistemas de um hospital ou a disseminação de comunicações falsas pelo
governo afetado, visando jogar a população no caos). Portanto, é
provável que o fato de a guerra cibernética ainda não seja regulamentada
do ponto de vista internacional, provavelmente dê seu lado no desenvolvimento e
adoção da guerra
híbrida. Isso poderia levar muitos governos a se envolverem em
conflitos de "baixa intensidade". De fato, eles têm a vantagem
de poder ser realizados sem ter reações veementes do resto da comunidade
internacional. O resultado possível é que, nas centenas de linhas de
atrito entre os estados que viajam pelo planeta, pode haver uma expansão
exponencial desses tipos de conflitos, fato que já está acontecendo com relação
à única dimensão da guerra cibernética (pense nas ações de Moscou a
vizinhos considerados hostis, como Ucrânia, Geórgia e Estados Bálticos).
Resta ainda o aspecto do terrorismo e do
conflito realizado por atores não
estatais. Depois de 11
de setembro de 2001, havia medo do uso maciço de ferramentas de guerra
biológica, como o antraz,
pela Al Qaeda . Embora
essas preocupações não tenham se materializado muito, afinal, isso não
significa que algum grupo possa decidir implementá-las no futuro. Também a
esse respeito, o conflito assimétrico por meio de armas biológicas pode ser
vinculado de maneira muito eficiente e destrutiva ao ciberterrorismo. Embora
esses atores não tenham com que se preocupar com o direito internacional por
razões óbvias, a ausência de regulamentação compartilhada para a guerra
cibernética também permanece um problema nesse caso . Isso
ocorre porque, na ausência de uma estrutura reguladora comum, a coordenação
internacional contra ataques terroristas realizados por meio de ferramentas de
TI será de fato muito difícil. Uma tentação potencialmente irresistível
para atores não estatais que confiam na assimetria do conflito para alcançar seus
objetivos.
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paulocel
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sábado, 14 de novembro de 2020
Realizado pela Fiocruz, o 2° Boletim Socioepidemiológico Covid-19 nas Favelasmostra que o contexto de baixa testagem para Covid-19 no município do Rio de Janeiro ainda é uma realidade. A maior frequência de casos da doença foi observada nos bairros sem favelas e de baixa concentração destas. O estudo analisou os dados oficiais disponibilizados pela prefeitura de 22 de junho a 28 de setembro.
Segundo a análise, os bairros com alta e altíssima concentração de favelas apresentaram no total 2.529 casos de Covid-19 (5% do total do município) e 111 óbitos (6% do total do município) pela doença. A iniciativa tem como objetivo analisar a Covid-19 nas favelas do Rio do Janeiro, abordando indicadores como frequência, incidência, mortalidade e letalidade por sexo, raça/cor e idade.
Em julho e agosto, os bairros que apresentaram as maiores taxas de incidência foram Centro, Joá, Bonsucesso, Gávea, Humaitá, São Cristóvão, Vista Alegre e Praça da Bandeira. Apesar de serem classificados com baixa concentração de favelas, os bairros da zona Oeste, em especial Campo Grande, Bangu, Realengo e Santa Cruz, concentraram a maior frequência de óbitos. As maiores taxas de letalidade foram observadas em Barra de Guaratiba (16,67%), Senador Camará (12,05%), Vila Militar (11,11%), Cosmos (11,03%) e Santíssimo (10,7%).
A taxa de incidência e taxa de mortalidade por raça/cor foi cerca de duas vezes maior na população negra do que na população branca nos bairros sem favelas. Nesse sentido, mesmo em áreas onde há o predomínio da população branca, quem mais adoece e morre são os negros. "A melhora observada no preenchimento do campo raça/cor foi fundamental para a elaboração dessas análises", explica o pesquisador da Fiocruz André Perisse, um dos coordenadores do estudo.
Em relação à idade, o risco de adoecer por Covid-19 começou a aumentar a partir dos 40 anos. "O risco de morrer por Covid-19 apresentou redução em todo município. Contudo, continua sendo maior em pessoas de mais de 60 anos”, observou a pesquisadora da Fiocruz Jussara Angelo, que também coordenou o estudo.
A pesquisa observou um atraso expressivo nas notificações por Covid-19 no município do Rio de Janeiro. Isso levou os pesquisadores a questionarem como tem sido feito o trabalho de vigilância epidemiológica do município e das instituições de governo, no que se refere à publicização e acesso à informação em saúde. A sanitarista Bianca Leandro, que integrou o estudo, destacou que, diante de uma emergência sanitária, a disponibilidade da informação deve ser feita o mais rápido possível para que possa subsidiar estratégias de controle para a doença e a tomada de decisão.
Sala de Situação Covid-19 nas favelas
O Boletim Socioepidemiológico Covid-19 nas Favelas é elaborado integrando dados oficiais do Painel da Prefeitura, dados dos painéis das unidades de saúde, dados populacionais e cartográficos obtidos no Instituto Pereira Passos e do jornal comunitário Voz das Comunidades. A pesquisa conta também com narrativas de interlocutores do território que, através de suas experiências de vida e trabalho em diferentes regiões da cidade, colaboraram com a produção do material.
O Boletim é um produto da Sala de Situação Covid-19 nas Favelas, vinculada ao Observatório Covid-19 da Fiocruz. A Sala tem diversos objetivos, tais como a produção de informação para apoiar o monitoramento epidemiológico e social da Covid-19 em favelas, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro.
De acordo com dados do Censo 2010, estima-se que 22% dos habitantes do município do Rio de Janeiro moram em áreas de favelas. Para entender a distribuição da Covid-19 na cidade, construiu-se uma tipologia urbana, cuja classificação dividiu os bairros em cinco áreas: sem favelas, concentração baixa, concentração mediana, concentração alta e concentração altíssima.
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paulocel
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terça-feira, 13 de outubro de 2020
COVID-19 tendría menor virulencia a gran altitud
By Cristina Pabón
Los pobladores andinos por encima de los 2500 metros de altitud han sufrido un proceso de aclimatación pero no de adaptación a la altura. Crédito de la imagen: Cortesía de Late Bolivia para SciDev.Net.
El elevado índice de radiación ultravioleta, la menor presión atmosférica y el bajo nivel de humedad serían factores que podrían favorecer una propagación más lenta del COVID-19 por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, sostiene un nuevo estudio.
“En conjunto, estos factores pueden reducir drásticamente la capacidad de "supervivencia" del virus a gran altitud y, por lo tanto, su virulencia”, señala el artículo publicado en la revista Respiratory Physiology & Neurobiology.
Para llegar a esa conclusión, especialistas en medicina de altura de Australia, Bolivia, Canadá y Suiza analizaron datos epidemiológicos del COVID-19 de Tíbet, Ecuador y Bolivia, los compararon con los de tierras bajas y evaluaron aspectos ambientales y fisiológicos considerados favorables en la respuesta al virus en lugares de altura. Sin embargo, aún deben analizarse diversos factores para confirmarla.
Gustavo Zubieta, investigador del Instituto Pulmonar y Patología en la Altura (IPPA) y coautor del estudio, explica a SciDev.Net que en la altura, la radiación ultravioleta es extrema y sirve como esterilizador natural, y la presión atmosférica es menor que a nivel del mar, lo cual dispersa las partículas del virus, reduciendo el riesgo de contaminación.
“En la altura, la radiación ultravioleta es extrema y sirve como esterilizador natural, y la presión atmosférica es menor que a nivel del mar, lo cual dispersa las partículas del virus, reduciendo el riesgo de contaminación”.
Gustavo Zubieta, Instituto Pulmonar y Patología en la Altura, Bolivia.
Esto, sumado a los bajos niveles de humedad, permite sostener que en los lugares de altura podría haber menos casos, detalla Zubieta.
La investigación analizó también la Enzima Convertidora de Angiotensina 2-ECA2, un receptor humano que permite la entrada del virus al organismo, y que en altura se presenta en menor cantidad, lo cual podría significar otro factor de protección frente al virus, según los autores.
“El virus tiene gran afinidad con este receptor y al tener éste menor expresión en altura, se obtendría una inmunidad parcial”, explicó a SciDev.Net Natalia Zubieta, coautora de la investigación, también del IPPA.
Los autores indican que la virulencia del COVID-19 se reduciría también por la adaptación fisiológica de los pobladores a la altura, asociada a una mayor ventilación y una mayor oxigenación arterial y de tejidos, todo lo cual podría protegerlos del impacto severo de la infección aguda o hacer que la propagación sea más lenta.
Sin embargo, Marylin Aparicio, Jefa de Unidad de Cambio Climático, Ambiente y Salud del Instituto Boliviano de Biología de la Altura de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, dijo a SciDev.Net que en Bolivia los habitantes de ciudades andinas por encima de los 2.500 m.s.n.m están “aclimatados”, no “adaptados” a la altura.
Las particulares condiciones ambientales a gran altitud reducirían la letalidad del nuevo coronavirus según una investigación preliminar. En la foto, salar de Uyuni a 3363 metros de altitud.
Crédito de la imagen: cortesía de Late Bolivia para SciDev.Net.
Por lo tanto no necesariamente existiría una respuesta positiva frente al virus, opinó.
El hábitat de los pobladores andinos en altura no es tan antiguo como los del Himalaya, por lo que deben producir un mayor número de glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno (hipoxia) por existir menor presión barométrica en relación a la presión que existe a nivel del mar, precisó.
“Estamos en una fase evolutiva intermedia y no tenemos la fácil adaptación que tienen por ejemplo los habitantes de Nepal, que se adaptaron completamente a la altura y que tienen niveles de hemoglobina y glóbulos rojos similares a los de un habitante del nivel del mar”, añadió.
En este sentido, para el habitante de altura, hacer frente al coronavirus es mucho más complicado. “Si ya se requieren mecanismos de adaptación fisiológica a la altura, la presencia del virus se convierte en un factor estresante” explicó.
En Bolivia aún no se ha llegado al pico de la curva epidemiológica, ni se tiene el número total de casos registrados en la altura, por lo tanto, no es posible saber cuánto ha afectado el virus y si la altura es un factor atenuante.
Hasta el 5 de mayo el Ministerio de Salud de Bolivia reportó 1.594 casos confirmados de COVID-19 en el país con 76 fallecidos.
Según Aparicio, en esta banda subtropical del planeta la radiación ultravioleta es muy alta y puede tener un efecto positivo, pero para comprobarlo, esta variable debe ser correlacionada con la baja contaminación del aire, con la temperatura ambiente y con los medios que se usan para desinfectar.
En relación a la enzima ECA 2, la autora menciona que para comprobar la menor interacción entre el virus y este receptor, se requieren más estudios en humanos nativos de altura.
“No hay un punto concluyente en relación a los efectos positivos o no de la altura, porque los estudios están actualmente en fase preliminar”, subrayó Aparicio.
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paulocel
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quarta-feira, 30 de setembro de 2020
O surgimento de uma pandemia global teve um impacto significativo em muitas esferas da vida, incluindo a vida na cidade. A complexidade do desafio que representa obriga os governos locais não só a desenvolver estratégias para dar uma resposta imediata aos diversos problemas que está a causar, mas também a antecipar cenários de intervenção urbana que permitam transformar o contexto atual em janelas de oportunidade. para repensar nossas cidades e modelos de vida.
Perante esta situação, a CIDOB e a Câmara Municipal de Barcelona renovam o desejo de colaborar no âmbito do Programa Cidades Globais com o objetivo de analisar estes novos horizontes de transformação urbana. Portanto, decidiram dar continuidade ao acordo de colaboração que permitiu a criação do Programa em 2017, com uma agenda de pesquisa revisada que será apresentada pelo Vice-Prefeito para Agenda 2030 e Transição Digital da Câmara Municipal de Barcelona , Laia Bonet, e o diretor do CIDOB, Pol Morillas.
O evento de apresentação contará com uma intervenção em streaming de Carlos Moreno, diretor científico da Cátedra eTI (Entrepreneurship Territoire Innovation) da Universidade Paris 1 Panthéon - Sorbonne, que irá explorar algumas das possíveis respostas a serem implementadas pela cidades para reconstruir o ecossistema urbano e mergulhar em uma transição digital centrada nas pessoas. Também analisará os possíveis cenários pelos quais as cidades podem passar para enfrentar a transição digital e os desafios que ela representa para a organização do trabalho e da vida das pessoas, e enfatizará a necessidade de recuperação de bairros. como epicentros da vida urbana (a chamada “cidade dos quinze minutos” que está a ser promovida em Paris).
tradução catalão - português paulo celso da silva
O enlace para assistir a palestra de Carlos Moreno é:
Entre enero y junio de este año, en Paraguay solo fue diagnosticado 40 por ciento de los casos de tuberculosis respecto de igual lapso del año anterior debido al impacto de COVID-19 en las estrategias de control de la enfermedad, según datos registrados por el Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud de ese país.
En Paraguay, lejos de ser una enfermedad erradicada, la tuberculosis (TB) es motivo de preocupación sanitaria y sigue afectando a miles de personas.
De acuerdo con datos de un estudio publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública que analizó los factores que conspiran contra el éxito del tratamiento, entre enero de 2016 y marzo de 2017, 30 por ciento de los enfermos de TB en Paraguay no tuvo un tratamiento exitoso, un porcentaje que supera el promedio en las Américas (24 por ciento) y se acerca al doble del porcentaje mundial (18 por ciento).
La investigación también halló que estar infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), consumir alcohol o drogas ilícitas, ser hombre, indígena, tener más de 55 años, y haber iniciado y abandonado la medicación antituberculosa, son los principales factores de riesgo asociados a un tratamiento no exitoso.
Los tratamientos no exitosos son considerados aquellos en los que no hubo seguimiento de la enfermedad (la medicación suele suministrarse a lo largo de meses), fracasó el tratamiento, o falleció el paciente.
“Es preciso hacer una revisión de las estrategias dirigidas a poblaciones vulnerables con un enfoque interinstitucional, multisectorial e intercultural a fin de poner énfasis en la co-infección TB-VIH, el abuso de sustancias, y otras comorbilidades”
Ivonne Montiel, Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, Paraguay
Para Ivonne Montiel, coautora de la investigación e integrante del programa Nacional de Control de la Tuberculosis, “el abordaje desde el sector de la salud es muy limitado”. “Es preciso hacer una revisión de las estrategias dirigidas a poblaciones vulnerables con un enfoque interinstitucional, multisectorial e intercultural a fin de poner énfasis en la co-infección TB-VIH, el abuso de sustancias, y otras comorbilidades”, señaló Montiel.
Por su parte, el neumonólogo José Fusillo, quien no participó en la investigación, dijo que la importancia de sus resultados radica en “puntualizar exactamente cuáles son los déficit por los cuales los pacientes dejan su tratamiento para enfocarse en mejorar su seguimiento y atención, reforzando sobre todo la parte educativa en el consultorio”.
Este año además, junto a los factores incluidos en el estudio, la COVID-19 impactó en la atención de pacientes con TB. Según Montiel, durante la pandemia las búsquedas de casos presuntivos de TB se limitaron a urgencias y área de internados, y el diagnóstico fue centralizado en el Laboratorio Central de Salud Pública, centro de referencia nacional, cuando en 2019 se contaba con 151 laboratorios en funcionamiento.
“Si bien desde agosto se iniciaron actividades de campo con apoyo del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis para búsquedas activas, seguimiento de casos y control de contactos en comunidades indígenas y asentamientos, estas tareas no son continuas debido al aumento de los casos de COVID-19 en el país”, puntualizó.
Hasta ahora, Paraguay mantenía controlada la cantidad de casos diarios desde el inicio de la pandemia en el país a principios de marzo. Sin embargo, las cifras se dispararon ese mes a un promedio superior a 400 nuevos casos por día durante todo agosto. Antes de este pico, la cifra diaria más alta habían sido 231 casos (el 27 de junio).
De acuerdo con la OPS-Paraguay, las personas enfermas con COVID-19 y TB muestran síntomas similares como tos, fiebre y dificultad para respirar. Las dos enfermedades atacan principalmente a los pulmones y, aunque ambas se transmiten a través de contactos cercanos, el período de incubación desde la exposición a la enfermedad es más largo en la TB y suele presentar un inicio lento.
Aunque, según la OPS, la experiencia sobre infección por COVID-19 en pacientes con TB es limitada, se prevé que las personas enfermas con TB y COVID-19 puedan tener peores resultados de tratamiento, especialmente cuando se interrumpe la medicación antituberculosa.
Fusillo coincide con esa apreciación. “En el marco de la pandemia, el mal desenlace o tratamientos no exitosos de la TB probablemente van a profundizarse más. Por miedo a los hospitales, muchos pacientes dejaron de acudir a sus controles; incluso muchos dejaron de retirar sus medicamentos. No tenemos todavía datos precisos, pero hay una muy probable pérdida de seguimiento dado que los consultorios estuvieron cerrados durante tres meses”, dice el especialista, que además es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumonología.
En este contexto, Montiel opina que “los esfuerzos deben redoblarse al máximo para lograr el cumplimiento de las metas de la Estrategia Fin a la Tuberculosis de la OMS alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
